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NUMERO 12 - 17/06/2009

 Potestades normativas y forma de gobierno

El artículo 1.2 de nuestra Constitución proclama, con fórmula tomada de la Constitución francesa de 1958, que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Y puesto que lo que persigue el dogma de la soberanía nacional es la organización plural del poder estatal, debemos preguntarnos si existe alguna forma organizativa concreta que resulte la más acorde con ese dogma. La respuesta ha de tener presentes dos planos: primero, el de las formas de Estado; luego, el de las formas de gobierno.
En lo que concierne al primer plano, no cabe duda de que el prin­cipio de la soberanía nacional únicamente encaja en la estructura constitucional del Estado liberal de Derecho. Prescindiendo ahora de sus distintas manifestaciones históricas y atendiendo sólo a su dimen­sión teórica —o sea, reduciendo este tipo fenoménico de Estado a la forma categorial «Estado de Derecho» tal y como hoy la entendemos e identificándolo con ella—, podemos destacar en semejante especie estatal, antes que cualquier otro aspecto, el policentrismo de su organi­zación superior. Ello significa una distribución de las funciones estatales en sentido material (es decir, de las actividades    sustancialmente legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales en que cabe dividir el proceso de creación y aplicación del Derecho) entre órganos constitucional­mente situados en la cúspide del Estado y dotados de autonomía o de independencia mutuas. Tal distribución, indispensable en sí misma como inmanente a la soberanía de la nación, se efectúa por cada Constitución mediante la configuración (ésta variable y contingente en su articulación concreta) de las funciones estatales en sentido formal, esto es, atribuyendo la producción de los actos del Estado a los diferentes órganos superiores y asignando a dichos actos una eficacia for­mal (una fuerza) específica.

(segue)



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