El poder parlamentario y sus límites: conflicto de intereses, extralimitaciones y transparencia

La actual crisis de legitimidad institucional aparece inmersa en un contexto social de aversión generalizada hacia la política y los responsables políticos. La politización de las instituciones ha propagado las endemias de los partidos políticos al hábitat institucional, menoscabando su credibilidad democrática. El “descontrol jurídico” de las instituciones ha gobernado su organización y funcionamiento amparado en el principio constitucional de autonomía institucional.  Sin que las leyes más recientes sobre transparencia, acceso a la información pública, buen gobierno o participación, apenas hayan provocado más que fisuras en el hermetismo institucional. El Parlamento representa un escenario adverso al autocontrol y más aun, al control externo de las patologías intrínsecas a la representación en general, dotando al mandato representativo de un blindaje jurídico derivado de la ausencia de límites. La autonomía parlamentaria ha propiciado conflictos de interés,  desviaciones y abusos del poder parlamentario en el proceso legislativo, pese al riesgo de adulterar la legitimidad constitucional de las leyes y actos parlamentarios por la prelación de intereses privados irreconciliables con el interés de los representados. La autonomía institucional tiende a la obstrucción de límites legales y por esta razón, la única vía jurídica aplicable se reconduce al autocontrol y la autorregulación. La aplicación voluntaria de medidas correctoras de las disfunciones institucionales reenvía al plano de la Responsabilidad Social Pública, sin normas que presionen su jurisdicción autónoma. El afianzamiento de prácticas y medidas socialmente responsables puede, en suma, contribuir a relegitimar las instituciones sin vulnerar la singularidad derivada de su autonomía... (segue)